Opiniones de nuestros socios sobre la crisis de los servicios de Bienestar Social

Teresa Crespo. Presidente de ECAS
Cambio de modelo o simplemente recortes

Me preocupan algunos de los cambios que se están produciendo como resultado de las nuevas regulaciones que el gobierno ha promulgado recientemente a través de la Ley de Medidas Fiscales y Financieras (presupuesto de 2011), o la Ley Ómnibus. La impresión que da la propuesta de esta última ley es que más que como indica su título no se trata de una ley de simplificación y mejora de la regulación, pero parece que su objetivo es encontrar formas de reducir el gasto social, y una de ellas es limitar el acceso de algunas personas a los beneficios o servicios que nuestro estado de bienestar estructuró y garantizó con base en la ley subjetiva.

Desde la promulgación de las diferentes leyes sociales, y en especial con la Ley de servicios sociales y la cartera de servicios sociales donde se fijaron los servicios garantizados, y la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia un bienestar Se puso en marcha un modelo que supuso un gran avance por su carácter universal y garante. Estos principios definen nuestro estado de bienestar y obligan a los poderes públicos a financiar prestaciones garantizadas, y por tanto ampliar sus presupuestos por necesidades sociales. Hoy, sin embargo, parece que este progreso, del que estamos orgullosos, que se logró con el consenso de todos los partidos políticos, está en peligro.

Se ha hablado mucho de recortes en las políticas sociales, y aunque creo que estas no son la mejor opción para equilibrar los presupuestos, porque hipoteca la cohesión social y conlleva a mayores desigualdades en el futuro, podría aceptar que en algún momento y coyuntura. De manera que es necesario aplicar algunas medidas de ahorro. Pero lo que me preocupa ahora es que junto con los recortes presupuestarios se harán cambios legales que erosionarán los cimientos del modelo de política social que venimos construyendo en años anteriores, lo que significará un debilitamiento de los derechos sociales y los sistemas de garantía. en el acceso a los beneficios y servicios de protección social con modificaciones de la regulación de los derechos subjetivos y una mayor fragilidad del principio de universalidad.

Algunos de los casos que pueden ilustrar esta constatación de la nueva regulación de los derechos a un servicio o beneficio es la modificación de las condiciones requeridas para acceder al mismo, cada vez más duras y estrictas. Aumenta el tiempo de residencia de los inmigrantes en Cataluña para acceder a prestaciones sociales o servicios médicos. En el caso de la renta mínima de inserción, se requiere prueba previa de necesidad, se requiere un período de 12 meses de falta de ingresos para poder percibir una renta mínima de inserción, se definen incompatibilidades con otras ayudas o prestaciones, y la ayuda es condicionado a la disponibilidad de la partida presupuestaria correspondiente, olvidándose del derecho subjetivo de protección del Estado que las leyes reconocen a todo ciudadano.

Un nuevo ejemplo de esta tendencia ha sido el beneficio único y universal a las familias, que se creó como un instrumento de las políticas familiares, y hoy se ha convertido en una ayuda específica para aquellas familias que no superan los 12.000 ingresos. € al año, y por tanto se convierte en una ayuda social para los más necesitados, olvidándose del carácter universal que se pretendía dar cuando se creó.
En definitiva, denota un debilitamiento de la responsabilidad pública para responder a las necesidades sociales entendidas como un derecho subjetivo de la ciudadanía, y está pasando de los servicios universales a los servicios para los más pobres, por lo que, sin desearlo, podemos reencontrarnos en una sociedad mucho más. divididos entre pobres y ricos, con servicios específicos para unos o para otros que más que responder a necesidades provoca mayores diferencias.

Estamos en un momento muy difícil económicamente, y sabemos que es necesario reducir el gasto público, pero esta reducción no debe desdibujar el modelo de bienestar que todos hemos estado construyendo y que ha supuesto mucho esfuerzo y muchos años. . Habría que delimitar muy bien en el tiempo y en los conceptos qué beneficios o ayudas pueden sufrir una reducción, y cuáles otros que afectan los derechos señalados por nuestras leyes, deben permanecer inamovibles hasta que un día el consenso de la ciudadanía y sus representantes en Parlamento pueden decidir si no se ha realizado un cambio hoy.

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